Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que en instancia desestimó la pretensión de obligación de escolarización en centro escolar solicitado. Se discute si operó el silencio administrativo positivo, dando lugar a la resolución de admisión de las menores demandantes en el Instituto de Educación Secundaria solicitado o, por el contrario, no se produjo resolución presunta una vez presentada solicitud de escolarización y posterior modelo de reclamación de la puntuación obtenida en las listas provisionales. La Sala considera que la sentencia apelada no aprecia correctamente los hechos. No resolución expresa dictada y notificada mediante su publicación a la solicitud de escolarización. Esta resolución no fue notificada en forma y por tanto, se produce el silencio cuya ejecución se insta.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto contra sentencia dictada en procedimiento sancionador de revocación de licencia de autotaxi según datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la tramitación de un procedimiento sancionador. Siguiendo precedentes de la Sala, en unidad de doctrina y seguridad jurídica: si una Administración, para el ejercicio de las funciones que le son propias, solicita de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la cesión de datos tributarios, tal cesión será con fines tributarios; ahora bien, si es para el ejercicio de otras potestades ajenas a las tributarias y no hay una norma legal que lo prevea, deberá contar con la previa autorización del interesado. Por tanto el acto dictado con base en unos datos tributarios cedidos será conforme a Derecho si la cesión respeta las reglas del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria.
Resumen: Conflicto Colectivo. Se impugna en demanda la reducción de joronada mediante ERTE que se considera improcedente, El tribunal de instancia estima caducidad de la acción. La acción no estaba caducada teniendo en cuenta suspensión de plazos por causa COVID. Aplicada dichas normas al caso concreto, los plazos de caducidad se encontraban suspendidos, por lo que el inicio de su computo lo fue a partir del 4 de junio, es decir, el primer día sería el siguiente día 5, por lo que desde dicho día, descontando la festividad del 24 de junio, el día 3 de Julio se cumplía el plazo de los 20 días hábiles de caducidad de la acción, por lo que la misma estaba presentada en plazo.
Resumen: El deportista demandante se vio afectado por un expediente de regulación temporal de empleo en el marco del cual se acordó la suspensión de su contrato de trabajo. El Juzgado de lo Social desestima la demanda en la que se impugnaba la suspensión del contrato. La Sala, al analizar el recurso de suplicación del demandante, concluye que en la tramitación del expediente de regulación temporal de empleo se han cumplido todas las formalidades legales, y que han quedado acreditadas las causas en las que se fundamentaba la suspensión impugnada, con lo que confirma la sentencia recurrida.
